Las inundaciones que castigaron con fuerza a buena parte de los campos del noroeste provincial reinstalaron la disputa entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba por el escurrimiento de las aguas en el límite de las tres provincias.
En ese marco, semanas atrás, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, reclamó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la provincia de Santa Fe controle la forma en que desagota el agua en perjuicio de varias localidades y campos de la provincia Buenos Aires.
Ayer, el máximo tribunal abrió el expediente sobre las obras en Santa Fe que provocaron inundaciones en Buenos Aires, y exigió que la Nación y las administraciones de estas provincias informen qué medidas están llevando adelante para evitar que se repitan estas situaciones.
Puntualmente, el máximo tribunal dispuso que la subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación explique el estado de la ejecución de las obras de regulación realizadas sobre la traza del Canal Alternativa Norte; si se ha concluido el estudio integral para la Cuenca de Aportes a la Laguna El Chañar; y si Buenos Aires y Santa Fe continúan con el acuerdo para regular el exceso de agua de La Picasa, lo que permite que no haya desbordes hacia territorio bonaerense.
De esta forma, la Corte hizo lugar al requerimiento de la Defensoría, quien había exigido que se lleve adelante una audiencia con la Nación y representantes de Córdoba y Santa Fe.
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